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Con la finalidad de combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones, obras intelectuales y artísticas, México firmó el día de hoy el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) ante el Gobierno Japonés, depositario del Acuerdo.
Este Acuerdo, firmado por el Embajador de México en Japón, Claude Heller, establece un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales.
México, comprometido con fortalecer su Estado de Derecho y con promover su crecimiento económico, se une a Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y la Unión Europea en la firma de este instrumento.
El ACTA pretende una mejor protección internacional de los derechos de propiedad intelectual de los mexicanos, atraer nuevas inversiones, asegurar las fuentes de trabajo ya existentes e incrementar la creación de empleos formales, así como fomentar la creatividad, la innovación y la competitividad de nuestras empresas.
El ACTA surge en momentos en que México enfrenta un grave problema de falsificación de marcas y de piratería en distintas ramas industriales, que involucra desde prendas de vestir, calzado deportivo, música y cinematografía hasta productos que atentan contra la salud y seguridad de los consumidores, tales como medicamentos, bebidas alcohólicas, tabaco y autopartes.
En 2011 el Foro Económico Mundial señaló que el valor del comercio ilegal asciende a 1.3 billones de dólares y, de este universo, los rubros relacionados directamente con la Propiedad Intelectual se ubican en el orden de 360 mmdd, siendo la falsificación de medicamentos la más elevada con 200 mmdd.
El ACTA provee un marco general de buenas prácticas de observancia y cooperación internacional que protege los trabajos, la creatividad, las exportaciones y el bienestar de los mexicanos, y se constituye en un instrumento equitativo y razonable frente a otros derechos.
El ACTA no violenta los derechos humanos reconocidos por nuestra Constitución y por los Tratados Internacionales de los que México es parte.
El Estado deberá ceñirse además, a la legislación secundaria que el Congreso de la Unión emita en la materia, donde se reforzará la observancia y respeto irrestricto a dichos derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión, el derecho a la legalidad, la privacidad de datos, el debido proceso y el acceso a la información y a la cultura.
En este sentido, la firma del ACTA es un firme mensaje del Gobierno Federal para que se siga discutiendo con el poder legislativo la efectiva protección de las marcas, invenciones y creaciones de los mexicanos, así como la implementación del Acuerdo, asegurando que estas garantías individuales no sean, en ningún caso, vulneradas ni transgredidas.
Por tanto, la aplicación del ACTA no generará un ambiente de vigilancia o monitoreo a las actividades que se realizan cotidianamente en plataformas como Internet, ni para revisar o incautar equipos de cómputo ni reproductores personales de audio o video.
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